En materia de derechos humanos, muchos desafíos quedaron pendientes y en el año que empieza el Estado debe enfrentarlos a pesar de que la institucionalidad continúa manifestando serias debilidades para cumplir con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos de todas las personas, manifestó el representante en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Anders Kompass,
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El comisionado realizó una evaluación sobre la situación de varios aspectos, como seguridad, justicia y derechos sociales, económicos y culturales en el país. Para Kompass, el continuo aumento del índice de muertes violentas refleja el desafío principal que enfrentará el Gobierno durante el presente año: “Un Estado capaz de implementar mecanismos efectivos para proteger el derecho a la vida y para prevenir y sancionar adecuadamente las violaciones a derechos humanos cometidas por sus propios funcionarios y los delitos cometidos como producto de la delincuencia común, del narcotráfico y del crimen organizado”, dijo.
Agregó que “en materia de seguridad, se han realizado algunos esfuerzos por fortalecer la institucionalidad, entre ellos, el trabajo de reorganización y depuración de la Policía Nacional Civil (PNC) y la aprobación de la reglamentación de la inteligencia civil, la cual estableció su estructura administrativa y operativa, permitió incrementar el personal y llevar a cabo un plan de profesionalización dirigido por expertos. Estas iniciativas y la designación de altos mandos con experiencia y carrera policial en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, aún deben presentar resultados concretos”.
Para el delegado de la ONU, la superación de la impunidad continúa siendo uno de los desafíos principales que debe enfrentarse durante 2009 por parte del Estado. “Los cambios en el Ministerio Público a partir del segundo semestre de 2008 han traído mensajes y procesos importantes que aún necesitan concretarse, desarrollarse e implementarse. Las iniciativas para agilizar procesos en el Organismo Judicial y las inversiones para consolidar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no presentan efectos concretos para los usuarios del servicio de justicia. En los casos derivados del conflicto armado interno, la mayoría de ellos se mantiene en la impunidad”, señaló.
El director de la Oacnudh considera que los ataques y amenazas contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos, cobraron la vida, el pasado año, de al menos siete funcionarios y afectaron gravemente la integridad física de defensores como fue el caso del ambientalista de Yuri Melini, sin que se observaran avances significativos en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables.
En materia de derechos de pueblos indígenas, Kompass considera que el Estado inicia el año próximo con el desafío de garantizar una mayor participación indígena en todos los niveles y de hacer efectivos sus derechos, especialmente el derecho a la consulta y el acceso a la justicia.
En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, consideró que las ya precarias condiciones de vida de una gran parte de guatemaltecos, se vieron afectadas durante el 2008, entre otros aspectos, por algunos efectos indirectos de la crisis internacional y por la falta de medidas adecuadas para garantizar salarios mínimos adecuados y la prestación de servicios sociales sobre todo en el interior del país.
“El nuevo Gobierno priorizó programas sociales que contribuyeron a paliar la situación, pero que todavía deben complementarse con medidas integrales y a largo plazo”, concluyó.
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